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La instalación de Sarah Mullally como la 106.ª arzobispa de Canterbury el 25 de marzo de 2026 constituye un hito que trasciende la mera administración eclesiástica para situarse en el centro de un debate secular sobre la legitimidad, la tradición y la soberanía estatal. Este evento, celebrado en la histórica Catedral de Canterbury, ha sido presentado por los medios de comunicación y por la propia institución como la continuación de una línea ininterrumpida que se remonta al año 597 d.C., con la misión de San Agustín enviada por el Papa Gregorio Magno. Sin embargo, la profundidad del análisis histórico sugiere una realidad mucho más compleja, donde la narrativa de la «continuidad» colisiona con las evidencias de una «ruptura» radical operada en el siglo XVI por la voluntad política de la dinastía Tudor. La cuestión fundamental no es solo si la Iglesia de Inglaterra posee 1.400 años de antigüedad, sino si la entidad que hoy lidera Mullally es ontológicamente la misma que habitó las islas británicas antes de 1534 o si, por el contrario, nos encontramos ante una corporación estatal cuya estructura y doctrina fueron rediseñadas para servir a los intereses de una monarquía nacional en expansión.